Una salida para Medina Azahara

La Junta presenta el plan de actuación para ordenar el entorno del yacimiento

252 casas ilegales están dentro de la zona de protección del conjunto califal

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Las urbanizaciones ilegales levantadas en las inmediaciones del yacimiento arqueológico califal de Medina Azahara, en terrenos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), son una molesta piedra en el zapato para la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Se trata de 3.260 hectáreas en las que se encuentran el yacimiento y unas parcelaciones cuyos nombres han entrado en el vocabulario cordobés. Las Pitas, Córdoba la Vieja, La Gorgoja II... En total son 252 viviendas las que, en 2003, quedaron dentro de la zona especial BIC. Dado que las demoliciones solo se pueden realizar por sentencia judicial, con la lentitud que ello conlleva, se han buscado nuevas salidas administrativas.

Desde 2009, las consejerías de Obras Públicas y Vivienda, la de Cultura y el Ayuntamiento de Córdoba han trabajado en un plan de actuación que contempla, como posible solución, la creación de un parque metropolitano que ordene el caos urbanístico que se ha producido en los últimos años. Los trabajos de la oficina encargada se han centrado en la elaboración de un programa que recupere todo ese paisaje del oeste de Córdoba desde el punto de vista urbanístico, territorial y patrimonial, haciéndolo compatible con el Plan Especial de Protección de Medina Azahara que vertebra la zona. Este plan se presentó hace unos días a los vecinos.

La fórmula planteada pasa por la creación de un parque metropolitano que articule las distintas urbanizaciones irregulares y mejore el sistema de espacios libres y equipamientos públicos que allí se encuentran, realzando el valor patrimonial del territorio, así como la accesibilidad de todos los ciudadanos a los mismos. El ámbito se ha dividido en seis zonas, en las que se quieren facilitar los usos de ocio y esparcimiento, respetando la naturaleza agrícola del lugar. Y siempre conectándolo con la ciudad junto a la que se encuentran, Córdoba.

La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Isabel Ambrosio, ha explicado que el trabajo desarrollado desde la oficina técnica "ha sido muy complejo y, por tanto, ha requerido de un amplio espacio de tiempo para poder analizar las líneas trazadas con respecto, no solo de las edificaciones existentes, sino también del uso que se le está dando a los terrenos en el marco del Plan Especial". Ambrosio ha indicado que “este trabajo permitirá que las distintas Administraciones, en el ejercicio de sus competencias, tengan una información muy valiosa para intervenir en este entorno”.

Al resto de compañeros de viaje implicados, el Consistorio y los propietarios, les gustaría ir más rápido. El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el PP, siempre ha abogado por soluciones directas: la legalización y la dotación de servicios. Pero como las competencias recaen en la Junta, hasta ahora gobernada por el PSOE, se impone acatar su doctrina, a pesar de los deseos municipales. Los vecinos, por su parte, respiran, porque se mantiene la situación como hasta ahora. Seguirán viviendo en sus casas y no esperan medidas que impliquen la demolición.

Unas viviendas que, por otro lado, ya han sido finalmente registradas y catalogadas. Los trabajos de la oficina técnica encargada del plan incluyeron la realización de un inventario del estado de las edificaciones existentes en el entorno, así como una información pormenorizada de cada una de las parcelas. El documento recoge fichas exhaustivas con información relativa a datos catastrales, registrales, superficie, usos de suelo, características de las edificaciones, régimen urbanístico, afecciones sectoriales e incluso los antecedentes administrativos.

La oficina técnica presentó el plan de actuación hace unos días, con la presencia del delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Córdoba, Francisco García; del delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, Ramón López; del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, Luis Martín, y el concejal delegado de Cultura del Consistorio cordobés, Juan Miguel Moreno Calderón, además de técnicos de cada una de las Administraciones.
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