«No debemos perder las esperanzas de que, algún día, recuperemos nuestro legado, sobre todo si su salida se produjo ilegalmente. Pero creo que nuestra gran responsabilidad, en estos momentos, es mantener lo mucho que aún nos queda». Esta reflexión del profesor de Historia del Arte de la UBU René Jesús Payo, expresada hace unos días en este periódico, se refiere al recurrente asunto del patrimonio expoliado, o vendido, o exiliado, o robado, o desaparecido, o como se le quiera denominar.
La provincia de Burgos, gracias a sus condicionantes históricos como origen del reino de Castilla y sede de importantes centros de poder político y religioso, conserva espectaculares monasterios, conmovedoras abadías, iglesias que son una joya y edificios civiles admirables. Pero son tantos que sus titulares no dan abasto a conservarlos, y muchos de ellos están en riesgo de desaparición. No porque una fortuna norteamericana venga, los despiece y los monte en un barco como ocurrió a principios del siglo XX, sino simplemente porque la maleza, el viento, la lluvia y el sol, el mero paso del tiempo, acaban con ellos. Es el caso del Monasterio de Fresdelval, de la Colegiata y del Monasterio de Santa Clara, ambos en Briviesca, del convento de Nofuentes, del Palacio de Cadiñanos, en Trespaderne... El listado sería interminable si fuésemos concienzudos. Pero hay algunos ejemplos que merece la pena repasar para hacerse una idea de lo que está en juego. Por ejemplo, el Monasterio de San Pedro de Arlanza, en su día tan significativo o más que Silos, propiedad del Estado y en el que la Junta de Castilla y León ha hecho en los últimos años esfuerzos de consolidación para evitar el avance de la ruina pero que sigue esperando un plan de actuación definitivo que le dé vida y asegure su futuro.
O el de Santa María de Rioseco, en el que el trabajo de decenas de vecinos y voluntarios ha sido fundamental para asegurar un mantenimiento básico. Gracias a ellos se han realizado obras de conservación y la venta de libros ha permitido conseguir financiación para poder pagar los 8.000 euros que cuesta consolidar los primeros cuatro arcos del claustro, un paso imprescindible para poder recuperar las cubiertas de la iglesia y de la sala capitular. «Es una lucha terrible», explica el párroco de Rioseco, Juan Miguel Gutiérrez.
Él es uno del casi centenar de voluntarios que están tomando las medidas que la Administración no adopta. «Hace tiempo se aprobó una moción para la consolidación de las ruinas de Rioseco que incluso llegó al Congreso, pero no se hizo nada. Ahora se achaca a la crisis, pero está demostrado que por cada euro que se invierte en patrimonio, revierten dos o tres», apunta Gutiérrez. Este fin de semana comenzarán las visitas guiadas por las ruinas que se celebrarán durante todo el verano, y con las que los voluntarios y amigos del monasterio pretenden conseguir más fondos para el conjunto y poder seguir trabajando en su conservación. En este caso, se trata de una ruina propiedad del Arzobispado, pero hay otras muchas de particulares que, directamente, se declaran incapaces de asegurar un correcto mantenimiento. Es el caso del Monasterio de San Antón, en Castrojeriz, que en sus tiempos fue parada imprescindible para los peregrinos del Camino de Santiago, o del de Alveinte, en Monasterio de la Sierra.
En este último se celebra todos los veranos la romería de Alveinte y es muy probable que si el propietario de las ruinas, Jesús María Esteban, decidiera venderlo y permitir que se lo llevaran de Burgos, la provincia pondría el grito en el cielo. Pero de seguir así, acabará cayéndose. «Está claro que a mejor no va a ir, pero hago lo posible porque se mantenga», explica por teléfono Esteban. Este serrano explica que cuando él era niño, el monasterio conservaba buena parte de sus piedras de sillería y de su estructura original, pero los familiares del entonces propietario permitieron que se llevaran cientos de piedras para emplearlas en la construcción de una central eléctrica. «Yo nunca lo hubiera consentido, me pregunto cómo es posible que lo hicieran, porque si se hubiera conservado como yo lo conocí...». Explica que él lo compró hace más de 50 años por «más de 20.000 pesetas» y subraya que para entonces. «ya estaba mal». Sin embargo, afirma que nunca ha pedido ayuda a la Administración. «Me preocupo de limpiar y de mantener la bóveda, pero no hago más inversión», cuenta. Además, ha tenido que vallar todo el perímetro y cambiar reiteradamente los candados porque la gente, dice, seguía entrando para robar piedra. A pesar de todo, Jesús María Esteban asegura que no tiene la más mínima intención de vender y confía en que sus herederos puedan conservar el monaterio.
Tampoco el presidente de la fundación propietaria del monasterio de San Antón, Eliecer Díez, vendería las ruinas si pudiera hacerlo. Este caso es distinto del de Alveinte porque en varias ocasiones se ha recibido dinero de la Administración para obras de consolidación, pero a juicio de Díez no se aprovechó correctamente. El próximo agosto se cumplirán 35 años desde que compró las ruinas y al cabo de poco tiempo, la Junta aprobó una partida de 5 millones para conservar lo que quedaba. «Se lo encargaron a tres albañiles que hicieron muchas cosas, hasta que dejaron de mandarles material y no pudieron seguir», cuenta Díez.
Pasaron los años, le hicieron varias ofertas para comprarle el monasterio que rechazó y llegó el momento en el que Díez se encontró con que la Administración le obligaba a constituir una fundación para poder recibir subvenciones y lo hizo, aunque ahora asegura estar arrepentido. «De haber sabido que iba a tener tan poco apoyo, no hubiera hecho esto, en absoluto», afirma, explicando que una vez constituida la fundación Eliecer Díez Temiño San Antón, «nos dieron 40 millones para obras de consolidación, pero se hizo muy poca cosa y cuando me quise dar cuenta, ya no había dinero», apunta indignado. Explica que del proyecto de rehabilitación se encargó un equipo que, según explica, no se preocupó de destinar el dinero a lo más importante: reconstruir la cubierta. «Por la parte de abajo está consolidado, lo que hace falta es cubrirlo. Viene el invierno y con él viene el agua, los hielos y eso es lo que perjudica. Si hemos visto un hueco en las paredes, lo hemos cubierto, hemos metido la luz y el agua, pero yo no puedo techarlo», apunta.
Tampoco las ruinas que tienen la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) cuentan con más protección; todo lo contrario. El alcalde de Encío, Benjamín Fuente, asegura sentirse impotente para conseguir que la Junta haga algo con la iglesia de San Cosme y San Damián, declarada BIC en 1983 y que, a pesar de ello, ha ocupado durante mucho tiempo uno de los puestos en la lista roja del patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra. Salió en 2005, después de que la Junta acordara invertir 74.455 euros en la iglesia. Sin embargo, Fuente explica que lo único que se hizo fue «echar una plancha y, desde entonces, no se ha vuelto a actuar». Y suponiendo que el Ayuntamiento estuviera dispuesto a dedicar parte de su presupuesto, no podría hacerlo porque al ser un BIC, la competencia es de la Junta.
Payo admite que «la situación es inabarcable, pero no debemos renunciar a mantener lo que tenemos, porque sería malo que alguien viniera, pagase y se lo llevase, pero peor sería que lo dejáramos caer y desaparecer para siempre». Cree que la responsabilidad sobre el futuro de nuestro patrimonio es cuestión de muchas partes: «Yo hablaría de una corresponsabilidad», explica. «De las comunidades que tutelan estos bienes, de los ayuntamientos, la Diputación o la Junta en su caso, también de la Iglesia aunque es imposible que pueda con todo...» La clave, dice, es un trabajo constante: «Hacemos inversiones cada 20 años y luego dejamos que empeore, y la solución está en el mantenimiento». Lo malo, sin embargo, es que serían necesarios unos cuantos millones de euros que ahora nadie tiene.
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z18F195D7-BF47-F569-78996577A06307F8/20120624/falta/inversion/agudiza/riesgo/decenas/bienes
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